Turismofobia

Baleares aprueba ahora reducir el número de turistas después de haber limitado la llegada de cruceros

turistas mallorca
Manifestación en el aeropuerto de Palma contra la llegada de turistas celebrada en 2019.

El pleno del Parlament de este martes debatirá y aprobará con los votos de los partidos del pacto de izquierdas (PSOE, Més y Podemos) junto con Ciudadanos y el PI la Ley Turística que incluye la moratoria de cuatro años en la creación de nuevas plazas y su posterior reducción. Cuando acabe la moratoria, los Consells Insulares deberán tener aprobada la regulación y limitación de plazas con lo que ya nos será posible la compra o intercambio en los términos actuales. Esta Ley Turística llega tres semanas después de que el Govern firmara el acuerdo para limitar la llegada de cruceros al Puerto de Palma.

Con la nueva ley, la idea del Govern es que en cuatro años, cuando un hotelero quiera comprar plazas se utilice la fórmula del 2 por 1. Por cada dos plazas que se compren o intercambien por parte de los propietarios de establecimientos turísticos, tendrán que dar una de baja.

Para el portavoz del PP, Toni Costa, la ley turística que se aprobará este martes «no es la ley del PP». El PP ya ha anunciado el inicio de una ronda de contactos con todos los sectores empresariales para empezar a preparar «desde cero» su ley turística alternativa «sin imposiciones».

Antoni Costa admite que el PP comparte la idea de la circularidad pero insiste en rechazar las imposiciones. «No podemos dar el visto bueno a una ley que incluye una moratoria aprobada con alevosía», afirma.

El proyecto de Ley Turística llega al final de su tramitación parlamentaria algo más de tres meses después de la aprobación y entrada en vigor vía decreto. Para la portavoz del PSOE, Pilar Costa, se trata de una norma «trascendental» que supone un «cambio de rumbo» y que marca el camino a corto y a largo plazo.

En esta línea, la diputada socialista ha insistido esta semana en que es una norma que apuesta por la sostenibilidad ambiental, social y económica y que, por primera vez, incorpora elementos como la protección de los trabajadores y el turismo sostenible. «No podemos seguir creciendo de forma ilimitada, como ha hecho el PP cuando ha gobernado», afirma.

Pilar Costa reivindica que la futura ley es fruto del diálogo y del trabajo conjunto y agradece las aportaciones del PI y Ciudadanos al tiempo que lamenta que PP y Vox se hayan «autoexcluido» de la negociación de una «cuestión de Estado», informa Europa Press.

La portavoz de Ciudadanos, Patricia Guasp, por su parte, reivindica que gracias al diálogo de su formación con federaciones y asociaciones se ha logrado introducir, «desde una posición crítica», mejoras a través de una decena de enmiendas que serán incorporadas.

«Me comprometí a ser la voz del sector turístico que había quedado fuera de un proceso participado que no fue tal», apunta la portavoz de la formación liberal. Guasp subraya que gracias a sus aportaciones se había logrado «minimizar» el decrecimiento en el conjunto de los establecimientos de menos de 150 habitaciones.

El precedente a la Ley Turística es el acuerdo que el Govern firmó a principios de mes con el Ejecutivo de la nación y las navieras por el cual se regula la llegada de cruceros a Palma y establece que la capital balear sólo podrá recibir un total de tres cruceros al día, y únicamente uno de ellos podrá tener una capacidad superior a los 5.000 pasajeros.

Este es el acuerdo impulsado por la presidenta socialista de Baleares, Francina Armengol, para hundir el turismo de cruceros, un acuerdo firmado en Hamburgo el pasado mes de diciembre con las principales navieras del mundo que operan en Baleares.

De esta forma, Baleares se convirtió en el primer destino de España en pactar un compromiso para limitar el número de cruceros. Armengol contenta así a sus socios del pacto de izquierdas, los independentistas de Més y Podemos, y lo hace sin atender las reclamaciones de los comercios de Palma que consiguen importantes ingresos con los cruceristas.

 

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